El pasado jueves 10 de julio, Oriana Bernasconi, directora del Núcleo Milenio Data Justa, fue entrevistada en el programa radial Libres e Iguales, del Instituto Nacional de Derechos Humanos sede Los Ríos y Radio UACh. Durante la conversación, conducida por Patricia Cocq y Miriam Ramírez, la académica abordó algunos de los principales desafíos que enfrenta el Estado chileno a la hora de producir, organizar y utilizar información sobre víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Data Justa, reúne a investigadoras e investigadores de diversas disciplinas —sociología, derecho, ciencia de datos, psicología, comunicaciones y victimología—, con el objetivo de identificar brechas en la forma en que el Estado registra y responde ante estos casos. El equipo se enfoca en tres casos: femicidio frustrado, trata de personas y violencia institucional en el contexto del estallido social.
Una sociedad datificada, pero sin un sistema común de registro
Durante la entrevista, Bernasconi recordó cómo el estallido social de 2019 puso de manifiesto la falta de un sistema nacional de registro unificado para abordar los hechos de violencia institucional. A diferencia de la experiencia de organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura, hoy el Estado chileno carece de una estructura común que documente de manera sistemática y articulada las violaciones a los derechos humanos.
“Vivimos en una sociedad datificada. (…) Todos somos capaces de registrar, el tema es cómo podemos pensar en una estructura de registro, de documentación que permita que esa información se ponga al servicio de prácticas de reconocimiento y a las víctimas y que sirva como evidencia para hacer justicia”, señaló la investigadora.
Las brechas son múltiples: dispersión de datos entre instituciones, obstáculos legales para compartir información entre instituciones, y criterios dispares para acreditar los hechos. Esto no solo dificulta las posibilidades de justicia, sino que además implica que las víctimas deban relatar una y otra vez sus experiencias frente a distintas reparticiones del Estado.
La forma en cómo se piensa a las víctimas y la lógica de cómo se documentan los casos y sus trayectorias en el sistema, plantea un profundo desafío: ¿podemos diseñar políticas públicas específicamente pensadas para víctimas de violaciones a los derechos humanos? ¿Es posible construir indicadores que reflejen procesos de reparación de largo aliento, más allá de los números?
El rol de la academia y la justicia de datos
Bernasconi destacó que Data Justa no pretende reemplazar al Estado, sino aportar con conocimiento, herramientas y reflexión crítica. El equipo trabaja de forma colaborativa con profesionales del sector público, y busca generar instancias de formación como talleres territoriales, relacionados con la justicia de datos, estándares internacionales, estudios críticos de datos, entre otros temas afines al proyecto.
“Sabemos que hay una labor importante de difusión, pedagógica y de alfabetización en temas como justicia de datos. Este campo es mucho más amplio que los casos que trabajamos, y se refiere al reconocimiento de que vivimos en una sociedad plagada de datos. Todo puede convertirse en un dato. Las tecnologías permiten producir y circular datos con mucha facilidad.”
Puedes volver a escuchar la entrevista completa en el siguiente enlace: