La última sesión de la Plataforma Data Justa examinó las distancias entre los modelos institucionales y las experiencias concretas de intervención con víctimas. La discusión mostró que reparar no consiste solamente en cumplir procedimientos: también requiere reconocer sus necesidades, coordinar respuestas y evaluar los resultados desde su experiencia.
¿Cuándo puede considerarse que una intervención ha contribuido a reparar el daño? ¿Es suficiente cumplir las acciones definidas por un programa? ¿Qué ocurre cuando una derivación queda registrada como realizada, pero la persona no recibe una respuesta efectiva?
Estas preguntas muestran que la reparación no puede entenderse únicamente como una serie de prestaciones o procedimientos. Los daños provocados por delitos violentos y severas vulneraciones de derechos humanos pueden alcanzar distintas dimensiones de la vida de una persona, mientras que las instituciones intervienen desde atribuciones, plazos y recursos específicos.
Reflexionar sobre esta distancia fue el objetivo de la última sesión de la Plataforma Data Justa, titulada Reflexiones sobre el alcance de la “reparación integral” a víctimas de delitos violentos y violencia institucional, realizada el lunes 19 de octubre.
La jornada reunió a profesionales de distintas disciplinas para contrastar las concepciones de reparación presentes en el derecho internacional, la legislación chilena, los programas de política pública y las orientaciones técnicas con las condiciones en que efectivamente se desarrolla el trabajo con víctimas.
La reparación no sigue un recorrido lineal
Los modelos de intervención suelen ordenar el trabajo en distintas etapas. Sin embargo, en la práctica, las necesidades y expectativas de las víctimas pueden cambiar durante el proceso, haciendo difícil establecer una separación clara entre aquello que ocurre antes, durante y después de una intervención.
Las personas llegan con trayectorias, experiencias y condiciones diferentes. Por ello, desde el comienzo es necesario considerar sus contextos desde una perspectiva interseccional, respetar su autonomía y garantizar que su participación sea voluntaria durante todo el proceso.
Esto también supone revisar los objetivos de la intervención. Si estos se definen únicamente desde las instituciones, pueden perder relación con aquello que las personas afectadas esperan o necesitan. La discusión destacó la importancia de construirlos junto con las víctimas, realizar un seguimiento sistemático y reconocer que pueden modificarse a medida que avanza el acompañamiento.
El cierre presenta dificultades similares. No siempre es posible determinar con claridad cuándo termina una intervención, especialmente si luego se producen actuaciones o decisiones de otras instituciones que afectan nuevamente a la persona. Los resultados tampoco dependen exclusivamente del equipo que desarrolla el acompañamiento, sino de una red más amplia de organismos y respuestas.
Una institución no puede reparar por sí sola
Una de las principales reflexiones de la jornada fue que la reparación es un proceso amplio y multidimensional que excede las capacidades y atribuciones de una sola institución.
El acceso a la justicia, la restitución de derechos, el acompañamiento psicológico y social y la posibilidad de resignificar las experiencias de violencia pueden formar parte de un proceso reparatorio, pero no necesariamente se encuentran bajo la responsabilidad de un mismo organismo.
Por esta razón, durante la sesión se propuso hablar de contribuir a la reparación o de desarrollar intervenciones con sentido reparatorio. Estas expresiones permiten reconocer los alcances concretos de cada institución sin atribuirle la capacidad de producir, por sí sola, una reparación integral.
Esta mirada no reduce la responsabilidad institucional. Por el contrario, obliga a definir con mayor claridad qué puede aportar cada organismo, cómo se relaciona con los demás y qué condiciones son necesarias para evitar que las víctimas enfrenten respuestas fragmentadas.
La coordinación interinstitucional, los mecanismos de derivación y la continuidad entre programas aparecen así como dimensiones centrales. Las fallas en estas áreas pueden dejar sin respuesta a determinados perfiles de víctimas o trasladarles la responsabilidad de recorrer distintas instituciones para conseguir apoyo.
Evaluar algo más que acciones realizadas
Otra tensión identificada durante la sesión fue la dificultad de evaluar las intervenciones mediante indicadores predominantemente cuantitativos.
Una acción puede figurar administrativamente como cumplida sin que esto permita conocer su resultado. Registrar una derivación, por ejemplo, no significa necesariamente que la institución receptora haya atendido a la persona ni que su demanda haya encontrado una respuesta.
Evaluar una intervención con sentido reparatorio requiere mirar más allá del cumplimiento formal. También supone considerar la experiencia y valoración de las víctimas, el avance de los objetivos acordados con ellas y los efectos concretos que tuvo la intervención.
Esto plantea preguntas relevantes para las instituciones: ¿qué se entiende por una intervención exitosa?, ¿quién participa en esa definición?, ¿qué información se registra para evaluarla? y ¿qué aspectos de la experiencia de las víctimas permanecen fuera de los indicadores disponibles?
Los registros y mecanismos de seguimiento pueden contribuir a responder estas preguntas, siempre que permitan observar los procesos y no solo contabilizar prestaciones.
Cuando los modelos no alcanzan
La actividad también permitió reconocer tensiones entre el diseño institucional y las realidades que encuentran los equipos. Los procedimientos, plazos y objetivos establecidos no siempre responden a la complejidad de las experiencias de victimización, especialmente ante formas de violencia o fenómenos delictivos emergentes.
Durante el trabajo grupal se analizaron experiencias relacionadas con trata de personas, femicidio frustrado y violencia institucional. La discusión mostró la necesidad de contar con estrategias interdisciplinarias, protocolos actualizados y mecanismos que permitan sistematizar y recuperar los aprendizajes obtenidos en intervenciones anteriores.
También se identificaron vacíos de cobertura para víctimas cuyas situaciones no encuentran respuestas adecuadas en los programas existentes. Avanzar hacia intervenciones centradas en derechos implica evitar que los procesos queden determinados exclusivamente por las categorías, los tiempos y las posibilidades administrativas de las instituciones.
A estos desafíos se suman las limitaciones de las prestaciones disponibles, las dificultades relacionadas con la reparación económica y la necesidad de mejorar la articulación entre programas.
Cuidar los equipos también sostiene la reparación
Las condiciones laborales de quienes intervienen también inciden en la continuidad y calidad de las respuestas. La alta rotación de profesionales dificulta la consolidación de equipos especializados y puede provocar la pérdida de capacidades y conocimientos construidos en el trabajo con víctimas.
Por ello, la discusión relevó la importancia de contar con remuneraciones adecuadas, mejorar las condiciones laborales y fortalecer las políticas institucionales de cuidado. Sostener los equipos no es un asunto separado de la reparación: permite preservar experiencia, dar continuidad a los procesos y evitar que las personas deban reconstruir repetidamente sus historias ante nuevos profesionales.
Un espacio para contrastar modelos y experiencias
Durante la sesión, las personas participantes trabajaron en grupos para analizar las intervenciones antes, durante y después de su desarrollo. El ejercicio permitió identificar convergencias, diferencias y tensiones entre las orientaciones técnicas y aquello que los equipos efectivamente realizan.
Los aportes fueron diferenciados por disciplina para visibilizar las distintas formas de comprender y abordar la reparación. Posteriormente, una plenaria permitió compartir los principales hallazgos y reconocer desafíos comunes entre las experiencias institucionales.
La actividad reafirmó el valor de la Plataforma Data Justa como un espacio de diálogo entre conocimientos profesionales, modelos institucionales y experiencias de intervención. Preguntarse por el alcance de la reparación integral no busca descartar este horizonte, sino examinar qué puede aportar cada institución y qué articulaciones son necesarias para que las respuestas tengan efectivamente un sentido reparatorio para las víctimas.