En su reciente visita a Data Justa, Emiliano Treré propuso mirar más allá de la eficiencia de los sistemas de datos y preguntarse cómo sus categorías, formas de acceso y decisiones afectan la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Los datos ocupan un lugar cada vez más importante en las decisiones públicas. Permiten distribuir recursos, coordinar instituciones y reconocer problemas que antes podían pasar inadvertidos. Sin embargo, un sistema más avanzado o capaz de procesar grandes volúmenes de información no produce necesariamente decisiones más justas.
Esta fue una de las principales reflexiones que Emiliano Treré, investigador senior de Data Justa y codirector del Data Justice Lab, compartió el 6 de agosto durante el taller Una cartografía crítica de la justicia de datos: hitos, desafíos y aportes para el Estado, dedicado a servidores públicos.
Desde la justicia de datos, explicó, no basta con preguntarse si una tecnología funciona, si la información está actualizada o si un modelo es preciso. También es necesario examinar qué situaciones alcanzan a representar los datos, quiénes participan en la definición de sus categorías, cómo se distribuyen los posibles errores y qué posibilidades tienen las personas de cuestionar una decisión.
“Podemos pasar de la pregunta ‘¿qué puede hacer esta tecnología?’ a una pregunta más política: ¿qué Estado estamos construyendo a través de ella y qué relación con la ciudadanía estamos institucionalizando?”, planteó Treré.
Cuando una categoría acompaña a una persona
Los datos no aparecen de forma espontánea. Detrás de cada base existen decisiones sobre qué registrar, cómo clasificar, con qué frecuencia actualizar la información y qué situaciones dejar fuera. También intervienen instituciones, presupuestos, tecnologías, proveedores y formas de trabajo.
“El dato no es una fotografía neutral de la realidad: es una construcción social”, explicó Treré.
Un dato tan cotidiano como el lugar de residencia puede incorporar a una evaluación una historia de segregación territorial y distribución desigual de recursos. Del mismo modo, el contacto frecuente con servicios sociales podría ser interpretado como una señal de riesgo, cuando también puede dar cuenta de una necesidad de apoyo o de una relación más cercana con el Estado.
Las categorías administrativas permiten ordenar información y orientar respuestas, pero también pueden acompañar a una persona durante años e influir en cómo la perciben diferentes instituciones. Por eso, importa conocer no solo si los datos son correctos, sino también qué representan y qué consecuencias producen.
Los vacíos merecen la misma atención. Una persona sin conexión estable, domicilio formal o posibilidades de completar un formulario digital puede aparecer como un registro incompleto. Aquello que el sistema presenta como una anomalía individual puede expresar, en realidad, una desigualdad más amplia.
“La ausencia también es un dato. Lo que no se mide desaparece de la visión institucional”, sostuvo Treré.
Advertir estos vacíos no significa que la solución sea siempre reunir más información. A veces puede ser necesario revisar una categoría, ampliar un derecho, fortalecer la atención profesional o destinar más recursos a los servicios que deben responder al problema.
Digitalizar sin cerrar otras puertas
La transformación digital puede ahorrar tiempo, reducir desplazamientos y facilitar el acceso a los servicios públicos. Pero sus efectos cambian cuando el canal digital se convierte en la única puerta de entrada.
Un nombre que no coincide con un registro, una huella que un dispositivo no reconoce, la falta de conexión o una situación demasiado compleja para un formulario pueden convertirse en barreras para acceder a una prestación. Incluso cuando existe una vía alternativa, cabe preguntarse si las personas la conocen, la comprenden y pueden utilizarla oportunamente.
En estos procesos también importa el margen que conservan quienes trabajan en las instituciones para interpretar cada caso. La automatización puede apoyar el juicio profesional, pero también puede desplazarlo si el resultado del sistema termina tratándose como una respuesta definitiva.
“La transformación digital es justa cuando amplía las formas de acceso al Estado, y no cuando convierte la competencia digital en una condición silenciosa para ejercer la ciudadanía”, afirmó Treré.
La justicia de datos también invita a seguir la trayectoria de la información después de su recopilación: dónde se almacena, quién puede consultarla, con qué registros se conecta, cuánto tiempo se conserva y en qué momento corresponde eliminarla.
Guardar todo aumenta los riesgos de filtración y de reutilización para fines distintos de los originales. Borrar sin criterios claros también puede eliminar evidencia necesaria para investigar vulneraciones, reconstruir decisiones, exigir rendición de cuentas o sostener la memoria pública.
A ello se suma la obsolescencia. Un archivo puede continuar almacenado y, aun así, volverse ilegible porque cambió el formato, desapareció el proveedor o dejó de existir la plataforma utilizada para abrirlo. “Si el Estado no puede recuperar sus propios registros, tampoco puede explicar sus decisiones ni garantizar derechos”, advirtió.
Esto exige políticas que distingan entre información operativa, evidencia para la rendición de cuentas, patrimonio documental y datos que ya no tienen fundamento para seguir siendo tratados. También requiere capacidades institucionales para auditar los sistemas, migrar la información y cambiar de proveedor sin perder servicios ni memoria.
Incorporar otras voces desde el comienzo
Durante el taller, Treré también abordó la producción de datos desde organizaciones sociales y comunidades. Registros ciudadanos, mapas y otras formas de información han permitido visibilizar desapariciones, conflictos ambientales, problemas de vivienda y experiencias territoriales que no siempre aparecen en los sistemas oficiales.
“El dato por sí solo no transforma nada; funciona cuando se integra en procesos más amplios de organización y conocimiento situado”, señaló.
Estas experiencias amplían la idea de participación. No se trata únicamente de consultar a las personas cuando un sistema ya ha sido diseñado, sino de reconocerlas como productoras de conocimiento e incorporarlas en la definición de los problemas, las preguntas y las categorías.
Antes de implementar o ampliar un sistema de datos, Treré propuso que las instituciones se pregunten qué problema público buscan resolver y qué evidencia existe de que la herramienta será útil. También llamó a considerar quiénes recibirán sus beneficios, quiénes asumirán sus errores y cómo podrá una persona comprender, cuestionar y corregir una decisión.
“La cuestión no es tanto cuántos datos puede reunir el Estado, sino qué debe hacer con ellos, qué no debe hacer y quién tiene voz para decidirlo”, concluyó. Desde esta perspectiva, “la justicia de datos no es un freno a la transformación digital: es una manera de orientarla y mejorarla”.
El taller reunió a funcionarias, funcionarios y profesionales de distintas disciplinas vinculados con la atención de víctimas de femicidio, trata de personas y violencia institucional. El encuentro permitió relacionar estas reflexiones con los desafíos cotidianos que enfrentan las instituciones al producir, utilizar, conservar y compartir información.
Durante su visita, Treré también participó en una sesión de trabajo con el equipo de Data Justa sobre las trayectorias de los datos, las visualizaciones desarrolladas por el Núcleo y Visualista, la plataforma de visualización del Núcleo. El encuentro permitió revisar cómo estas herramientas pueden dar cuenta de la complejidad de los registros institucionales, aportar a las preguntas de investigación del proyecto y contribuir a reflexionar sobre los registros estatales desde el marco de la justicia de datos.